LEY S.O.P.A
La Stop Online Piracy Act (Acta de cese a la piratería en línea) también conocida como Ley SOPA o Ley H.R. 3261; es un proyecto de ley presentado en la Cámara de representantes de los Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 por el Representante Lamar S. Smith que tiene como finalidad expandir las capacidades de la ley estadounidense para combatir el tráfico de contenidos con derechos de autor y bienes falsificados a través de Internet. Las previsiones del proyecto incluyen la solicitud de una orden judicial para bloquear la publicidad y las redes de pago que proveen las ganancias del sitio infractor y el bloqueo de los resultados que conducen al sitio a través de los motores de busqueda. Incluye además la posibilidad de conseguir una orden judicial para que los provedores de Internet bloqueen el acceso al sitio infractor. La ley podría extender las existentes leyes penales, incluyendo al streanmig de material con derechos como actitud que puede ser penalizada; e imponiendo una pena de hasta cinco años en prisión.
Quienes proponen la ley aducen que protegería al mercado de la propiedad intelectual y su correspondiente industria, empleos y beneficios, y que es necesaria para fortalecer las actuales leyes, haciéndolas más fuertes, ya que las actuales leyes presentan fallas por ejemplo al cubrir situaciones donde los sitios infractores se encuentran fuera del territorio de los Estados Unidos.
Los opositores afirman que la legislación propuesta amenaza la libertad de expresión, la inversión y las innovaciones en Internet, ya que capacita a la justicia a bloquear el acceso a un dominio completo por una infracción única en una única página web. Algunos opositores han demostrado preocupación creciente en cuanto a que la ley podría anular la protección de "puerto seguro" que actualmente ofrece la Digital Millenium Copyright Act para los sitios que ofrecen contenidos generados por los usuarios. Las asociaciones de bibliotecas han expresado preocupación con respecto a que el énfasis impuesto por la ley sobre los derechos de autor podría exponer a las bibliotecas a una persecución legal. Finalmente un último grupo de opositores considera que el requerimiento a que los motores de búsqueda eliminen a los dominios infractores podría llevar a una carrera armamentística de censura de alcance global, y que viola la Primera Enmienda de la Constitucion de los Estados Unidos
OBJETIVOS DE LA LEY S.O.P.A
Protección de los ingresos de los creadores de contenidos
El Representante Bob Goodlatte sentenció «La Propiedad Intelectual es uno de los principales elementos de creación de empleo, y una de nuestras principales ventajas competitivas en el mercado global, sin embargo los inventores, autores y empresarios americanos han sido obligados a observar impotentes como su trabajo es robado por infractores extranjeros, que están fuera del alcance de las leyes actuales de los EE.UU. Esta legislación actualizará las leyes para garantizar que los incentivos económicos que nuestros Padres Fundadores consagraron en la Constitución hace más de 220 años -para alentar nuevas obras literarias, investigaciones, productos y servicios- sigan siendo efectivas en el mercado global del siglo XXI, lo que contribuirá a la creación de más empleos en América.
Los propietarios de estos derechos ven a los intermediarios -las empresas que hospedan, enlazan, y se dedican al comercio electrónico basado en estos contenidos- como los únicos asequibles para ser acusados.
El Representante John Conyers, patrocinador del proyecto dijo: «Millones de puestos de trabajo americanos penden en la balanza, y nuestros esfuerzos por proteger la propiedad intelectual de América son críticos para el éxito de nuestra economía a largo plazo. El representante tejano Lamar Smith añadió: «El Acta SOPA, ayudará a detener el flujo de beneficios hacia estos pícaros sitios web, y asegurará que las ganancias provenientes de las innovaciones americanas vayan a los innovadores americanos.
Los representantes de la MPAA que testificaron ante el comité dijeron que la industria del cine y películas sostiene a dos millones de puestos de trabajo y a 95 000 pequeñas empresa
Protección contra medicamentos falsificados
John Clark, portavoz de Pfizer, testificó ante la audiencia del comité que los pacientes no siempre son capaces de distinguir a aquellos sitios hábilmente forjados utilizados para vender medicamentos con nombres similares o simplemente falsificados.
RxRighths, un grupo de defensa al consumidor, emitió un comunicado diciendo que Clark cometió un error «Al no reconocer que hay farmacias internacionales en Canadá y en otros lugares que dan a conocer dónde se encuentran, requieren de una receta médica válida y venden medicamentos perfectamente seguros, de marca reconocida, producidos por los mismos fabricantes líderes de medicamentos que venden en Estados Unidos Anteriormente había dicho que SOPA falla al distinguir entre farmacias genuinas y falsificadas y que lo único que hace es impedir que los pacientes de Estados Unidos puedan ordenar sus medicamentos a farmacias online de Canadá
El representante patrocinador de la ley, Lamar Smith, acusó a Google de obstruir el proyecto, citando el acuerdo por 500 millones de dólares al que llegó la empresa de Internet con el Departamento de Justicia en relación a los cargos que se le imputaban por facilitar anuncios de farmacias canadienses, que conducían a «importaciones ilegales de medicamentos que deberían venderse bajo prescripción
El envío de medicamentos con receta desde farmacias extranjeras a clientes en los Estados Unidos, por lo general viola la Ley Federal de Alimentos Drogas y Cosméticos y la Ley de Sustancias Controladas.
ARGUMENTOS EN CONTRA
Amenaza a la libertad de expresión en Internet
De acuerdo a la Electronic Frontier Foundation (Fundación frontera electrónica), la utilización de servidores proxy que permitan saltar las restricciones impuestas por servidores locales dedicados a censurar contenidos, tales como los que se utilizaron en la primavera árabe, también pueden ser utilizados para acceder a contenidos con derechos de autor, y por lo tanto, pueden ser declarados ilegales por la ley.
En el blog Techland blog de la revista Time Jerry Brito escribió «Imagínense que sucedería si el Reino Unido creara una lista negra de diarios estadounidenses a los cuales la justicia encontrara 'violando la privacidad de algunas celebridades', o que sucedería si Francia bloqueara a sitios estadounidenses que creyera que contienen discursos de odio. De manera similar, el Centro para la Democracia y la Tecnología advirtió:Si SOPA y la Ley de PROTECT IP se promulgasen, el gobierno de Estados Unidos debe estar preparado para que otros gobiernos del mundo sigan su ejemplo, dictando leyes al servicio de las políticas sociales que ellos crean importantes, ya sea restringiendo discursos basados en el odio, los insultos a funcionarios públicos, o la disidencia política.
Paul Almeida, miembro de la AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, en español Federación americana de trabajo y consejo de organizaciones industriales), argumentó en favor de la ley SOPA, declararando que la libertad de expresión no era una consideración relevante, ya que «la Primera Enmienda no brinda protección contra el robo de mercancías de los camiones.
Amenazas generales para los negocios relacionados con la web
Un análisis aparecido en la revista tecnológica eWeek sentenció, «El lenguaje de SOPA es tan amplio, las reglas consignadas se encuentran tan desconectadas de la realidad de Internet, y las penalidades se encuentran tan desconectadas de los crímenes alegados, que este proyecto de ley podría efectivamente matar el comercio electrónico, y hasta la normal utilización de Internet. El proyecto de ley además posee graves implicaciones para las leyes existentes en Estados Unidos, para las leyes extranjeras y para las leyes internacionales, y es seguro que desperdiciará décadas en batallas legales en las cortes.
Art Bordsky del grupo de defensa al consumidor Public Knowledge argumentó de manera similar diciendo que «Las definiciones escritas en el proyecto de ley son tan amplias que cualquier consumidor de Estados Unidos que utilice un sitio web localizado en el extranjero, de inmediato da a la jurisdicción de los Estados Unidos el poder de tomar posibles medidas para combatirlo.
En octubre del 2011 la EFF caratuló al proyecto como una «masiva máquina asesina destinada a matar la regulación de Internet, y añadió «Esta ley no se puede arreglar, se debe exterminar.
Gary Shapiro, Director Ejecutivo de la Consumer Electronics Association (Asociación de Consumidores Electrónicos) dijo que «El proyecto de ley intenta llevar a cabo una reestructuración radical de las leyes que gobiernan Internet, y que daría al traste con el "puerto seguro" legal que ha permitido que la industria de Internet, líder en el mundo, floreciera en la última década. Expondría a los legítimos hombres de negocios e innovadores de América a toda la responsabilidad legal, plena y abierta. El resultado sería más demandas judiciales, disminución de inversiones de capital de riesgo, y menos empleos.
Lukas Biewald, fundador de CrowdFlower, sentenció que Tendrá un efecto asfixiante sobre el capital de riesgo... Nadie querrá invertir a causa de la responsabilidad legal.
En un estudio de noviembre de 2011, llevado a cabo por empresa de consultoría Booz & Company y financiado por Google, se puede leer por ejemplo que la mayoría de los 200 capitalistas de riesgo e inversores providenciales entrevistados dejarían de financiar a las empresas intermediarias de medios digitales si el proyecto se convirtiera en ley. más del 80% dijo además que preferirían invertir en un país con una economía débil y riesgosa con las leyes actuales, antes que en una economía fuerte con la ley propuesta en vigencia. Pero si se suprimieran las ambigüedades legales y las previsiones de buena fe se colocaran en el lugar que corresponde, las inversiones podrían incrementarse aproximadamente en un 115%.
Amenaza para los usuarios que suben contenidos
Lateef Mtima, director del Institute for Intellectual Property and Social Justice (Instituto para la Propiedad Intelectual y la Justicia Social) de la Escuela de Leyes de la Universidad Howard, expresó su preocupación porque los usuarios que suben contenidos protegidos por derechos de autor a sitios como YouTube podrían ser hallados penalmente responsables. Dijo, al vez, el más peligroso ribete del proyecto sea la forma en que la conducta penalizada se encuentra tan pobremente definida. Aunque a primera vista parece que el proyecto de ley intenta distinguir entre la conducta que tiene una finalidad comercial y la que no la tiene, supuestamente para penalizar a la primera y permitir la segunda; en realidad no solo falla en cumplir con esto, sino que además, debido a su falta de definiciones concretas, potencialmente tipifica como delito a una conducta que actualmente se encuentra permitida por la ley.
Un asesor del promotor de la ley Lamar Smith dijo: Este proyecto de ley no convierte en un delincuente a aquella persona que postea un video en YouTube de sus hijos cantando una canción con copyright. Este proyecto de ley se encuentra específicamente dirigido a sitios web dedicados a actividades ilegales o infractores. Sitios con contenido de usuario tales como YouTube, Facebook y Twitter no tienen nada que temer con respecto a esta legislación.
Inspección profunda de paquetes e invasión de la privacidad
De acuerdo a Markham Erickson, director de NetCoalition, grupo opositor a SOPA; la sección del proyecto de ley que permite a los jueces ordenarle a los proveedores servicios de internet que bloqueen el acceso para sus clientes localizados en Estados Unidos al sitio infractor, también permitiría la inspección de las direciones IP de sus clientes, un método conocido como bloqueo por IP. Erickson ha expresado su preocupación con respecto a que tal orden podría exigir a los proveedores a participar en una "inspecines profundas de paquetes", que consiste en analizar todo el contenido que se transmite desde y hacia el usuario, lo cual puede plantear nuevos problemas de seguridad.
